Ante las altas cifras de feminicidios registrados en el país, se presentó un proyecto de Ley que busca la reparación integral de las víctimas y sus familiares.

En Ecuador, desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2022 se registran 272 muertes violentas de mujeres por razones de género. Incluidos 8 transfemicidios y 157 femicidios por delincuencia organizada. De estos casos además, 109 corresponden a mujeres que eran madres, 9 de las féminas estaban embarazadas y se estima que por lo menos 196 hijos e hijas quedaron en situación de orfandad este año. Bajo este panorama, se presentó en la Comisión de Garantías Constitucionales el proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Transformación Reparadora e Integral a Hijos, Hijas, Madres, Padres de Víctimas de Femicidio y Otras Muertes Violentas de Mujeres. Proyecto que para la coordinadora provincial del Observatorio de Erradicación de Violencia de Género, Paulina Rueda, es una forma de saldar las cuentas que el Estado mantiene con las víctimas y sus familiares. En Santo Domingo de los Tsáchilas son 10 casos en lo que va del año. 

Aunque manifestó que existe apertura por parte del Legislativo, enfatizó también que es necesario ajustar ciertos detalles como la manera en la que son tratados los casos que aún no se esclarecen en el país. Es decir, piden igualdad en el tratamiento de las causas. 

Por su parte, Verónica Cedeño, psicóloga clínica de la Fundación Nuevos Horizontes, destacó que mediante la entidad, en Santo Domingo trabajan de manera coordinada para dar seguimiento a los casos de violencia de género, por lo que se enfocan en áreas importantes que les permita restituir los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, sobre todo, que conozcan sus derechos para que así opten por las medidas de protección. 

Enfatizó a su vez, que a diario atienden entre 15 a 20 personas en la fundación, no obstante, el trabajo articulado les permite llegar a más población y obtener así mejores resultados en la gestión que desarrollan de manera gratuita.

Esta propuesta que fue construida durante dos años con la participación de la academia, tiene como objetivo frenar la estadísticas de femicidios en el país. Además, incorpora la reparación integral para las familias de las víctimas que el Estado no ha atendido. Según el proyecto, toda desaparición o muerte violenta de una mujer debe ser investigada, en primera instancia, como presunto femicidio, considerando que el 90% de casos de muertes de mujeres se registran como femicidios, de ahí la importancia de que se active toda la institucionalidad del Estado para facilitar las investigaciones en Fiscalía.